Resumen: Se impugna el auto de sobreseimiento libre al estimar que han quedado indiciariamente acreditadas las conductas obstruccionistas de los querellados: negarse a facilitar las claves de acceso al servidor de la empresa, apoderarse de la información contenida en el servidor y borrar información. La Audiencia estima el recurso. La cuestión principal no estriba en si se ha utilizado el procedimiento penal para conseguir fines económicos o civiles, sino en si efectivamente los querellados, que tienen a su disposición el resultado de sus investigaciones aun cuando éste se contenga en el servidor de la UPC y que tienen también las claves de acceso a dicha información, se negaron a facilitarla a quien les contrató haciéndola desaparecer del servidor de la empresa para la que trabajaban, al menos parcialmente y ello con la finalidad coactiva de conseguir un resultado provechoso del contencioso laboral entablado contra la misma, originando dicha conducta los daños o perjuicios económicos a que apunta la perjudicada. Sobre esas cuestiones debe centrarse la investigación judicial, que sigue estando incompleta, y exige reabrir las diligencias previas para practicar aquellas diligencias que el instructor estime pertinentes y necesarias de entre las que le propone la acusación, o, en su caso, ordene la continuación por los trámites del procedimiento abreviado. Y es que no puede afirmarse, como hace el juez a quo, que no existan indicios racionales de haberse perpetrado los hechos denunciados.
Resumen: Se apela el auto que acuerda el archivo de la causa sin practicar diligencia alguna, afirmando que los hechos constituyen un delito contra la propiedad intelectual del arte 270. CP. La Audiencia estima el recurso. La finalidad de la instrucción judicial conforme al arte 299 LECRIM, es realizar el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias. Una vez concluida dicha fase, corresponde al juez de instrucción resolver de forma objetiva e imparcial acerca de si considera que los hechos indiciariamente acreditados revisten indicios racionales de criminalidad o no. No es procesalmente correcto incoar diligencias previas y en la misma resolución dictar sobreseimiento de la causa al amparo del art 779.1.1 LECRIM, aplicable a un momento procesal posterior, alegando que no está debidamente justificada la perpetración del delito, ya que si el instructor considera que los hechos no revisten la condición de delito debería proceder directamente a la inadmisión de la denuncia. Los hechos denunciados referentes a que el apelante autor de un libro, que la denunciada ha escaneado de forma íntegra y lo vende en Wallapop a 15 euros, revisten apariencia delictiva aportándose con la denuncia indicios de su comisión, estimándose prematuro el sobreseimiento
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia desestimatoria de la demanda en la que se pretendía que se declarase la infracción del derecho de autor de una obra arquitectónica. Tras reconocer que las obras de arquitectura entran dentro del ámbito de protección de la propiedad intelectual, pero dicha protección no lo será nunca por razón de la idea funcional o espiritual a que responde, ni por la eficacia o singularidad de las soluciones técnicas que incorpora, sino por tener y en cuanto tenga una determinada forma de exposición o de expresión original dotada de cierta altura creativa, lo que determina centrar la protección solo las obras arquitectónicas singulares, con exclusión, por tanto, de las construcciones ordinarias. En atención a dicha doctrina, entiende que la obra objeto de este procedimiento no se proyecta ni se describe gráficamente como una obra arquitectónica singular, sino que se sientan las bases conceptuales y funcionales de edificaciones de cualquier tipo y con cualquier diseño que se destinen a la finalidad o uso pretendido para dicha obra, sin que la idea que la apelante se atribuye como propia no cuenta con una determinada expresión personal, identificable, singular y propia de la autora, que merezca la consideración de obra susceptible de ser protegida por el derecho de autor.
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia que estima parcialmente la demanda por vulneración de la titularidad de una obtención vegetal por utilización no autorizada de componentes de dicha obtención vegetal, indemnizando los daños y perjuicios derivados de dicho uso no autorizado. En relación al motivo de la indebida admisión de un informe pericial concluye que cabe la aportación de dictámenes periciales motivados por las alegaciones de la contestación a la demanda, siempre que no suponga suplir una omisión del dictamen pericial obrante en la demanda, y que guarden relación con las excepciones o causas de oposición de la contestación a la demanda, esto es, que constituya una resistencia fundada, y no una mera negativa de los hechos de la demanda. Igualmente considera que el auto de aclaración dictado no altera el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales, sin que exista indefensión al haber sido oída antes del dictado de dicha resolución. Sobre el fondo recuerda que para la protección de una variedad vegetal es preciso (i) que se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad vegetal protegida; y (ii) el titular de la variedad vegetal protegida no ha tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad. En el recurso se discute la concurrencia de este segunda exigencia, destaca la mala fe en la actuación del demandado y su actuación obstrucionista.
Resumen: AGEDI y AIE presentaron demanda contra TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (TELEFÓNICA) en reclamación por la compensación por copia privada correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 en que TELEFÓNICA procedió a la distribución comercial, venta y comercialización en territorio español de los teléfonos IPHONE. La Sala declara que cuando en la normativa reguladora de la materia se señaló la cifra de 1,10 euros por dispositivo como adecuada compensación por la copia privada en un capítulo en el que podrían albergarse, a falta de otro más adecuado, los teléfonos móviles con capacidad de almacenamiento musical, lo era a modo de "tarifa plana", en consideración a un uso medio para el almacenamiento de copias en aparatos con una capacidad que en la época concernida no era, en términos generales, demasiado alta. En cambio, los dispositivos iPhone objeto de litigio superan con amplitud esa referencia media, por lo que acudir a un criterio moderador como el empleado por el juzgador en la primera instancia supone una equivocación. Precisamente, estamos ante el paradigma de aparatos que justifican que no se apliquen moderaciones sobre una media de referencia, porque dadas sus características particulares superarían holgadamente en su práctica totalidad las de los dispositivos medios.
Resumen: El objeto del proceso debe quedar fijado en la audiencia previa, a partir de los escritos alegatorios. La conducta de la demandada consiste en el incumplimiento generalizado y no meramente puntual de los términos de la licencia concedida. Es doctrina jurisprudencial reiterada la que reconoce a las entidades de gestión legitimación in genere para la defensa colectiva de los intereses y derechos que representa. En lo que se refiere a la infracción de derechos reprográficos, la indemnización puede calcularse con base en las tarifas, según la prueba disponible sobre el porcentaje promedio de reproducción, en función del número de máquinas de que se dispone, incluyendo los gastos de investigación.
Resumen: El demandante reclama de la corporación "Atresmedia" por la infracción de la propiedad y derechos de autor de una obra audiovisual sobre el rey de España. Pide la cesación de emisión de fragmentos de su obra e indemnizaciones correspondientes, incluido el daño moral. El demandante estuvo sometido a investigación penal por simulación de atentados contra el rey. La demandada reconoce el uso de fragmentos de la obra audiovisual del demandante y su autoría; pero considera que está autorizada a usar esos fragmentos amparándose en el derecho a al información, en la medida que era una noticia de actualidad. La Audiencia estudia el art. 35 del TRLPI, el derecho de "cita". Da derecho al uso de obras ajenas en la medida que lo justifique la finalidad informativa. En este caso el tribunal sí considera que la información era de actualidad y que el uso de la obra audiovisual ajena era ponderada, no excesiva. Fragmentos de escasa duración. No hubo sobreexplotación. Tampoco se infringió el derecho moral del autor a la divulgación de la obra, puesto que ya había sido divulgada por el autor, lo que dio origen a la causa penal.
Resumen: Se apela el Auto que no aprueba el modelo de ejecución individualizada propuesto por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. La Audiencia desestima el recurso. El art. 100.2 RP es una medida excepcional que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Debe fundamentarse, en un programa específico de tratamiento. Esa excepcionalidad obliga a una interpretación exigente de los presupuestos y requisitos que legitiman su aplicación. La propuesta correspondiente y su aprobación por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, deben reflejar una necesidad que ha de estar vinculada directamente con el proceso de reinserción del penado. Es este proceso de reinserción el que exige un programa específico de tratamiento, que no podría llevarse a cabo sin aplicar la flexibilización que prevé el artículo. El programa ha de identificar, precisamente para su debido control judicial, la necesidad de la medida, la imposibilidad de su ejecución en el interior del centro penitenciario, su relevancia frente a otras alternativas y su provisionalidad o permanencia en el tiempo. El penado pretende se le deje salir tres días a la semana (martes, jueves y sábado), desde las 6.00 hasta las 19.00 h, para trabajar en la venta ambulante en los mercados. Sin perjuicio de los avances del interno, que reducen los riesgos de reiteración de las conductas que han determinado las regresiones en su externalización, no se ofrece justificación del modelo.
Resumen: La Sala confirma la condena por el delito contra la propiedad industrial en un supuesto de venta ambulante de productos falsificados. No obstante, la sentencia aclara la eficacia del principio de intervención mínima en relación con esta infracción, señalando que en su virtud "solo las más graves infracciones en esta materia, como en otras, tengan una sanción de esta clase. Concretamente, en cuanto al delito del artículo 274.1 del CP vigente, para que exista delito es necesario que se utilice un signo distintivo idéntico o confundible con el original de modo que haya una posibilidad de confusión en el público consumidor o adquirente de la mercancía de que se trate teniendo en cuenta sus características concretas, excluyéndose el delito cuando, pese a existir analogías o coincidencias parciales en la marca o signo correspondiente, por otros datos concurrentes en el caso no existe esa posibilidad de confusión. En estos casos, la doctrina jurisprudencial descarta la existencia del tipo penal y remite a las partes a la jurisdicción civil cuando no cabe el error en el consumidor sobre la autenticidad del producto debido a las deficiencias de éste, a pesar de la estampación de una marca conocida que presenta todos los caracteres distintivos de la auténtica".
Resumen: La sociedad actora ejercita una demanda frente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), reclamándola la cantidad correspondiente a sus derechos de reproducción y comunicación pública de una obra musical. La Sala considera que no resulta aplicable el plazo de prescripción de previsto en el art. 1966 CC, ni tampoco el plazo de prescripción de 5 años del art. 140 LPI pues no se está reclamando una indemnización por infracción de derechos, sino que aquí se reclama a la SGAE la cantidad recibida en un procedimiento previo. La reclamación de cantidad se fundamenta en el vínculo existente entre las partes en virtud del cual la demandada se encarga de la gestión de sus derechos, asumiendo además la defensa jurídica en el procedimiento seguido en Italia por plagio y de la gestión de la indemnización recibida por ello. Lo anterior nos lleva a la aplicación del plazo genérico de prescripción de las acciones personales previsto en el art. 1964 CC y a la consecuencia de no tener por prescrita la acción.
